En determinadas formaciones de psicoterapia Gestalt y corporal se ha normalizado una contradicción difícil de justificar: mientras se proclaman valores como la conciencia, la responsabilidad y el cuidado, el acceso a los grupos parece responder en ocasiones más a la necesidad de sostener económicamente la estructura de la escuela que a una evaluación rigurosa de quién entra en estos procesos.

Personas con historias marcadas por heridas profundas se incorporan a espacios que movilizan intensamente su mundo emocional, sin que siempre se valoren con suficiente rigor los riesgos que ello implica.

La cuestión es delicada porque esas heridas constituyen precisamente el núcleo del trabajo que estas corrientes afirman abordar. Trabajar con trauma, carencias afectivas y conflictos profundos exige condiciones de contención, competencia y límites claros y sostenidos. No basta con generar experiencias emocionalmente intensas ni con confiar en la fuerza transformadora del grupo. La intensidad, por sí sola, no produce integración; en determinadas circunstancias puede incluso aumentar la fragmentación cuando no existe un sostén terapéutico suficiente.

Toda intervención psicológica implica un equilibrio permanente entre el potencial de transformación y el riesgo de desestabilización. Ese equilibrio comienza mucho antes de la primera dinámica grupal: empieza en la selección de las personas participantes, en la valoración de su momento vital, de sus recursos internos y de si ese contexto es realmente el más adecuado para ellas. Cuando esa evaluación se relaja o queda subordinada a otras necesidades, la vulnerabilidad de quienes participan deja de ser un aspecto clínico para convertirse también en una cuestión ética.

Cuando estas condiciones no están garantizadas, el impacto no se limita al malestar: puede derivar en desregulación y en procesos de retraumatización en personas especialmente vulnerables. Y cuando estos efectos aparecen, no deberían interpretarse como un daño inevitable inherente al proceso terapéutico, sino como una señal que obliga a revisar las prácticas, los límites y las decisiones que hicieron posible esa situación.

El problema se vuelve estructural cuando estas consecuencias no conducen a una revisión efectiva de los criterios de acceso ni de las prácticas empleadas. A pesar de que se suceden nuevos grupos año tras año, muchas de estas experiencias no parecen traducirse en una asunción explícita de responsabilidad ni en cambios proporcionales.

Cuando una institución conoce que determinadas dinámicas pueden generar daño y, aun así, mantiene inalterados los mismos procedimientos, el problema deja de situarse únicamente en los errores individuales. Pasa a formar parte del propio funcionamiento de la organización. Y cuando la protección de la estructura pesa más que la protección de las personas, la distancia entre los principios que se enseñan y las decisiones que se toman deja de ser una incoherencia: es una forma de negligencia.